Asimismo, instaron a las autoridades salvadoreñas a garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociación con la misma sin autorización legal suficiente.
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Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresaron este lunes su preocupación por la renovación del estado de excepción en El Salvador, que ya lleva más de un año en vigor.
Los tres especialistas pidieron su inmediata derogación y que el Gobierno revise las nuevas y amplias facultades establecidas para atajar el problema de las pandillas en el país.
Los relatores especiales entienden que la obligación de proteger a los ciudadanos de las pandillas no faculta al Gobierno “a pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”.
Asimismo, instaron a las autoridades salvadoreñas a garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociación con la misma sin autorización legal suficiente.
El pasado mes de septiembre, las cifras oficiales de detenidos bajo las nuevas medidas de seguridad ascendían a 58.000, incluidos al menos 1.600 menores. Seis meses después, el Decreto Ejecutivo número 719 de marzo de 2023 señaló que habían sido detenidas “más de 67.000” personas.
La información recibida por los expertos indica que muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración.
