Según ese memorándum “no se ha identificado a ningún sospechoso ni objetivo” todavía y “la investigación tiene como objetivo establecer la verdad y si existen o no motivos para acusar a alguna persona”.
Redacción
El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. A. Khan, decidió abrir una investigación sobre los presuntos delitos cometidos en Venezuela desde 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos.
Anunció la apertura de la investigación desde Caracas, donde firmó una carta de entendimiento con el Gobierno “para colaborar activamente”, “a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema”.
Según ese memorándum “no se ha identificado a ningún sospechoso ni objetivo” todavía y “la investigación tiene como objetivo establecer la verdad y si existen o no motivos para acusar a alguna persona”.
“Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Y en ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice, ahora sí y de manera efectiva, la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo y el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia entre el Estado venezolano y sus instituciones y la fiscalía de la Corte Penal Internacional”, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El fiscal se mostró “realmente complacido” por el compromiso de colaboración y aseguró estar al tanto de las “líneas divisorias” políticas y las “divisiones geopolíticas”. “No somos políticos. Nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho. Les pido a todos ahora, a medida que avanzamos, que en esta nueva etapa den a mi oficina el espacio necesario para hacer su trabajo”, dijo.
La apertura de la investigación formal concluye el examen preliminar que se abrió en 2018 para analizar las denuncias de que “las fuerzas de seguridad del Estado hicieron un uso frecuente de la fuerza excesiva para dispersar y reprimir las manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de miembros reales o supuestos de la oposición, varios de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y malos tratos durante su detención”, señala la documentación de la Corte.
En 2020, la fiscalía concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017 y ahora se ha anunciado la investigación formal.
