Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, desde Querétaro

Ciudadano gobernador, Mauricio Kuri González;

Representantes de los poderes Judicial y Legislativo;

Gobernadoras, jefa de Gobierno, gobernadores;

Servidores públicos federales, estatales;

Amigas y amigos todos:

La Constitución de 1917, se inspira, como sabemos, en los principios de libertad de conciencia y manifestación de ideas; democracia, legalidad, división de poderes, Estado laico, protección a la dignidad e integridad de las personas, que hoy conocemos como derechos humanos; y en otros postulados enarbolados desde 1814 en Apatzingán y en las constituciones federales de 1824 y 1857; sin embargo, lo verdaderamente original de la Constitución del 17, dimana de los anhelos de libertad, justicia y soberanía del pueblo que luchó en la Revolución de 1910 contra la dictadura porfirista.

Así, en su espíritu original, la Constitución de 1917 da fundamento a una profunda transformación: establece el derecho a la educación gratuita; la igualdad, la democracia, la defensa de los trabajadores del campo y la ciudad, el derecho de los campesinos a la tierra, el dominio directo de la nación sobre el subsuelo y el predominio del interés público.

Los 200 constituyentes que durante 70 días intensos y apasionantes redactaron nuestra actual Carta Magna aquí, en este Teatro de la República en Querétaro,  actuaron con estricto apego al sentir de los revolucionarios que, todavía levantados en armas, exigían el cumplimiento de sus demandas.

Si de algo sirvió la división entre los revolucionarios, tal vez fue que la oposición de Francisco Villa y Emiliano Zapata obligó al moderado bando carrancista a tomar decisiones más radicales, de mayor profundidad; recordemos que cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México y Venustiano Carranza traslada  la jefatura del gobierno constitucionalista a Veracruz,  los gobernadores que le respaldaban comenzaron a expedir, bajo su orientación,  decretos para abolir, hasta entonces, después de más de cien años, la esclavitud de los peones de las haciendas y que el 6 de enero de 1915, se proclamó en ese puerto la Ley Agraria para entregar la tierra a los campesinos.

De modo que cuando este hombre de Estado, Venustiano Carranza, convocó a los revolucionarios a elaborar una nueva constitución, ya había antecedentes para legislar en beneficio del pueblo. Una vez aprobados los 136 artículos y promulgada la Constitución, un día como hoy, 5 de febrero de 1917, este documento no sólo se convirtió en la ley suprema del país, sino que llegó a ser por mucho tiempo el programa de acción más popular, nacionalista y progresista de nuestra historia.

Aunque durante la elaboración de la Constitución los debates fueron prolongados y a veces fuertes, no hubo entre los diputados, en lo esencial, diferencias de fondo; nadie, por ejemplo, se opuso a la forma en que fueron redactados los artículos 27 y 123, que resultaban fundamentales para tratar la cuestión agraria y laboral; es más, estos artículos se aprobaron por unanimidad.

Desde luego, la promulgación de la nueva Constitución causó molestias y oposición de los políticos e ideólogos del antiguo régimen, incluidos grandes latifundistas y, sobre todo, dueños y representantes en el país de las compañías petroleras, porque en este texto jurídico fundacional del nuevo Estado se estableció el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo en nuestro territorio.

Pero, amparados por la Constitución de 1917, México y su pueblo resistieron el embate del conservadurismo y la presión extranjera y se pudo avanzar aplicando uno de los planes sociales más importantes del mundo, incluso antes de las políticas populares de la revolución rusa y del establecimiento del Estado de bienestar en los países europeos.

Es decir, la revolución no se había olvidado, seguía siendo enseñanza y continuaba como guía y orientación en el quehacer social; sólo la demanda de democracia había quedado como asignatura pendiente. Pero, insisto, en el terreno de la justicia, el contraste con la opresión y el clasismo porfirista era verdaderamente notable. Todavía en 1970, don Jesús Silva Herzog, sostenía, lo cito textualmente: “los reaccionarios… ignorantes y obstinados, siguen pensando que aquel tiempo en que gobernó al país el general Díaz, fue de lo mejor de México en toda su historia. Hay insensatos, parece mentira, que niegan el desarrollo de la nación alcanzado en los últimos lustros; mas para un hombre progresista de nuestros días, a la distancia de ya muy cerca de 60 años, el balance del porfirismo arroja números rojos. Si no hubiera sido así no habría estallado la Revolución”, termina la cita.

Sin embargo, con el paso del tiempo y, de manera especial, durante el periodo neoliberal, de 1983 a 2018, los retrocesos en materia de defensa de la soberanía y de bienestar de nuestro pueblo se fueron haciendo cada vez más evidentes hasta llegar a casi resucitar la política económica y social porfirista. Por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo.

Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio, por más de tres décadas, del imperio de la corrupción.

En consecuencia, este afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna hasta casi despojarla de su letra y espíritu original y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional a fin de prevenir y obstaculizar cualquier transformación en sentido nacional, democrático y popular.

En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas; se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones; se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles; se limitó la gratuidad de la educación pública; se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores, mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes; se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública; se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del seguro social; se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el porfiriato y se consagró como gobierno una democracia, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grande poderes económicos; en fin, es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen: es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo; todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera.

Por eso, frente a este vergonzoso retroceso, podemos, con orgullo y con la frente en alto, sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo. Ahora es delito grave la corrupción, porque no lo era, porque habían modificado el código penal durante el sexenio de 1988-1994; existe ahora, como lo ha dicho el senador representante de esa Cámara, la ley de austeridad republicana, porque la austeridad es un asunto de principios, no de administración, y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se aprobó, y le agradezco mucho a los legisladores; la ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado; la logró la reforma al Artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos, esto nos ha significado ingresos para la Hacienda pública del orden de 200 mil millones de pesos al año; la clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves; la eliminación del fuero al Presidente para que pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano y por cualquier delito; la revocación de mandato; la consulta popular; la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto y directo en los sindicatos; la ley de salud, para otorgar a todos los mexicanos atención médica y los medicamentos gratuitos. Agréguese a lo anterior la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma constitucional que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional. Además, y esto lo considero fundamental, muy importante, se elevó a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad y las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad.

Permítanme leerles el texto del artículo cuarto transitorio de la Constitución que trata este importante asunto, dice así: “El monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.” Esto significa que no solo es un enunciado un texto, una letra muerta en la Constitución, sino que por primera vez se establece que estos derechos son de aplicación obligatoria para el gobierno de la República

Amigas y amigos:

Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana consagrados en la Constitución de 1917; no dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática, las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal; continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original.

La política es hacer historia; es transformar y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar; si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada.

La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días.

¡Viva la Constitución de 1917!

¡Viva Querétaro!

¡Viva la República!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!